Por Blasina y Asociados
Especial para El Observador
Tras un largo período de redacción y debate, la ley de Riego para uso agrario impulsada por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, fue aprobada la semana pasada por ambas cámaras legislativas. Considerada crucial por el ministro, generó tanto apoyos como críticas.
Para los que riegan tendrá poco efecto, en tanto los que están preocupados por los problemas ambientales se oponen. Las repercusiones han sido tanto de apoyo como de disconformidad, y cruzan todos los partidos políticos.
Entre los que riegan el escepticismo reina. “Es una forma de generar inversiones en embalses. Pero es difícil que la ley lleve a que se instale más área de riego. Va a favorecer que si hay usuarios, estos decidan agruparse y hacer una captación de agua más importante”, explicó Hernán Masoller, directivo de Regadores Unidos del Uruguay, una asociación conformada por productores y empresas que practican el riego.
Ellos todavía ven lejano el paralelismo entre esta ley y la de forestación. “Todavía no hay incentivo por parte de Uruguay, algunos productores no captan todos los beneficios de la Comap (la comisión de aplicación de la ley de inversiones) porque con rentabilidades muy exiguas los descuentos en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) no logran captar todos los beneficios. Tampoco parece que las empresas pequeñas vayan a masificar el riego.
Eso no significa que se opongan a la ley aprobada, que “es una forma de hacer inversiones. Todo eso viene bien pero en el grupo nadie piensa en nuevas inversiones en riego. La ley eso no lo cambia”.
Pro y contras
Masoller ve con expectativa un posible mayor uso del riego en zonas como San Salvador o Dolores, en el corazón agrícola del país, donde hay restricciones vinculadas al riego.
Y destacó el potencial del riego en la producción de semillas forrajeras: “Maíz y soja es en lo que se piensa primero, pero en nuestro grupo hay 45% del área bajo pivot que está bajo pasturas para la producción de semilla. Eso no es muy comentado pero es muy interesante. Hay áreas de trébol blanco, rojo, de festuca y en Soriano hay varias empresas con ese sistema ya que el riego estabiliza mucho la producción de semillas forrajeras”.
Pero aún así el escepticismo no parece ser derrotado por la nueva ley. “La inversión es cara, es para pensarla en 20 años, la Comap no permite descontar IRAE por tantos años, es solo los que piensan en quedarse trabajando la tierra de por vida”, comentó Massoller.
Por otra parte, el costo energético es un problema y la lógica de las tarifas no va de acuerdo al riego suplementario. El costo fijo es muy alto. “En los años en los que no se necesita igual hay que pagar la mitad de la potencia contratada, aunque no se use un kilowatt. Si se contrata una potencia de 200 kilowatts hay que pagar 100 kilowatts”, explicó el productor.
Esa situación resultó sumamente onerosa para quienes tienen riego por energía eléctrica en este verano lluvioso. “Los arroceros tienen un acuerdo para el verano. Pero los que hacemos riego suplementario para maíz, soja o cultivos forrajeros tenemos que pagar un costo fijo altísimo”, agregó.
De este modo los años secos son caros para quienes riegan usando gasoil, mientras que los años lluviosos castigan a los clientes de UTE.
“Aunque el gasoil está caro, en los años que llueve bien pagan menos porque no tienen ese costo fijo”, aseguró.
El empuje del ministro
Las expectativas del ministro Aguerre, que ha bregado incansablemente por esta ley, son altas. “El proyecto de ley sobre riego será lo que fue la ley forestal para Uruguay en la década de 1990. Es una posibilidad de aumentar y de diversificar la producción, aumentar la productividad, capturar más valor y recibir inversiones nacionales y extranjeras”, ha dicho.
La nueva ley, modificación de la ley de Riego de 1997, busca fomentar la inversión en riego destinado al agro con el objetivo de aumentar la producción, competitividad y mejorar la adaptabilidad al cambio climático por un aumento en la captura del carbono.
Por otra parte, se otorgarán exoneraciones impositivas previstas en la ley de inversiones y se promoverá la asociación de productores y/o inversores. Para ello modifica la figura de la Sociedad Agraria de Riego (SAR), cuyos integrantes no necesariamente tienen que ser productores agropecuarios.
La apuesta se enmarca dentro de lo que el MGAP llama la estrategia de la intensificación sostenible, que aúna el aumentar rendimientos, bajar costos por tonelada y eventualmente aumentar la materia orgánica en el suelo y, por esa vía, secuestrar carbono. “La mejora de la productividad resuelve un problema de costos incrementados. Todo lo que podamos hacer para ayudar a la reducción de costos y al aumento de productividad es un dinero bien invertido”, consideró Aguerre durante una jornada sobre el tema realizada el viernes 27 en Florida.
El camino hacia el riego
Según el Anuario 2016 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP, en cada hectárea regada en suelos aptos, se estima que se podría producir hasta 250% más maíz y 70%-100% más soja respecto a la situación sin riego.
Pero, sin embargo, exceptuando el arroz, el área bajo riego en Uruguay es ínfima, estimándose en cultivos extensivos y pasturas en el entorno de 25 mil hectáreas. Podría decirse que no llega al 1% de la superficie de agricultura de secano o de pasturas.
El MGAP establece que la mejor opción de represa a nivel de microcuenca no es necesariamente predial, pudiendo resultar más eficiente en una cuenca un proyecto multipredial para lo que permite formar agrupamientos de productores.
Luis Giménez, coordinador del Grupo de Desarrollo de Riego y docente de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía, se manifestó favorable a la ley y destacó que la intensificación no genera linealmente problemas ambientales.
Entrevistado por Tiempo de Cambio de radio Rural dijo que un problema es que las obras de embalse y tomas de agua existentes no se encuentran donde está la agricultura cerealera y oleaginosa. Por lo tanto, se necesita generar fuentes de agua factibles, que son las aguas de escurrimiento, y la forma hidráulica más eficiente es generar represas multiprediales.
El riego tuvo un cierto impulso de la mano de la suba de precios internacionales entre 2005 y 2015. Pero fuera del arroz sigue siendo una rareza. Las estimaciones del MGAP ubican el área apenas por encima de las 200 mil hectáreas, probablemente 205 mil hectáreas (180 mil de arroz y 25 mil el resto, de las cuales 60% es para maíz y soja y 40% para pasturas).
Para Giménez la modificación de la ley no va a desarrollar el riego per se, sino que simplemente es un marco jurídico que permite hacer obras hidráulicamente eficientes. “Al productor que ya realiza riego y ya tiene la inversión hecha esta ley no le cambia en nada, no están considerados en la ley”, acotó.
Giménez consideró fundamental la realización de estudios de caudal ecológico y ambiental de cada una de las cuencas del país para saber hasta dónde se puede represar y hasta donde se debe dejar escurrir.
“El riego es intensificación de la producción, pero no necesariamente tiene que ser perjudicial para el medio ambiente. La contaminación ambiental no depende de la intensificación sino de un mal manejo”, remarcó Giménez.
La búsqueda por levantar las limitantes
Los regadores trabajan en un proyecto para diagnosticar las limitantes y desarrollar herramientas para la mejora de la productividad de sistemas regados de cereales, oleaginosos y pasturas.
Identificaron tres faltantes de información que deben ser levantadas, que en forma recurrente son planteadas por empresas agropecuarias interesadas en el riego:
1. La falta de herramientas de fácil acceso y usabilidad para manejar la programación de riego (existe poca experiencia en el manejo del agua en los productores actualmente).
2. La falta de consenso de los rendimientos logrables en condiciones de producción, sus principales limitantes y cómo levantarlas.
3. Interrogantes sobre cómo la tecnología de riego pueden afectar la sostenibilidad del suelo.
Y proponen en su proyecto desarrollar una aplicación web que permita seguir el balance hídrico de cada chacra a regar y la proyección de las necesidades de riego para los siete días siguientes.
Una plataforma de análisis de limitantes agronómicas en base a la información generada en los predios de los productores regantes con los monitores de rendimiento de las cosechadoras.
Los regadores proyectan diseñar ensayos que permitan explorar la respuesta de los cultivos al levantamiento de esas restricciones hídricas y nutricionales en condiciones de producción.
Y proyectan también evaluar los efectos del riego en el carbono orgánico del suelo. En Uruguay, no está estudiado el impacto del riego sobre la evolución de la materia orgánica del suelo. Esto podría darle al proyecto una dimensión importante en términos de su impacto sobre la captura de carbono y la prevención del cambio climático.
El proyecto presentado a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) permitiría generar información que quedaría disponible para todas las instituciones participantes, y se realizarán publicaciones y actividades de difusión para comunicar los resultados.
Mientras tanto, se muestran sorprendidos por las reacciones adversas generadas por la ley y aseguran que se trata de manejar cuidadosamente la agricultura para mantener la calidad de las aguas, algo en lo que ellos son los primeros interesados.
Fuente: El Observador
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